Hasta 2018 se resolverá controversia por bases sindicales heredadas por Roberto



La demanda de amparo del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios (SUTSEM) que pretende echar abajo muchas de las bases sindicales otorgadas en la parte final del gobierno de Roberto Sandoval Castañeda, tendrá un desenlace hasta el 2018.

Se deduce lo anterior puesto que evidentemente se ha mantenido una disputa cerrada, en especial entre los meses de marzo –en que se inició el juicio 596/2017- y septiembre en que finalizó la administración de Sandoval, motivando que varias veces la audiencia constitucional haya sido diferida.

En la última semana de noviembre, el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo Civil y Administrativo reveló una nueva fecha para la audiencia: el 22 de diciembre.

De igual forma, recientemente se le ha reconocido el carácter de parte interesada en el juicio a la dirigencia del sindicato donde fueron inscritos los nuevos basificados, en referencia al conocido SUTSEN, cuyo nacimiento en el 2015 fue impulsado por el gobierno de Sandoval.

Hace dos semanas, funcionarios del Gobierno del Estado –ahora con Antonio Echevarría García como titular del Poder Ejecutivo-, revelaron que Sandoval otorgó 135 bases a empleados de confianza que tuvieron mando, con lo que supuestamente estarían impedidos para la sindicalización. Por el contrario, algunos de los involucrados han negado esa situación.

Sin embargo, se documentó en este espacio, cuando menos la mayoría de esas bases se otorgaron antes de la primera quincena de marzo del 2017, según se explicó, con la intención de que transcurrieran más de seis meses antes de que concluyera el gobierno y ello les permitiera tener más garantías de inamovilidad.

Otras bases fueron otorgadas en distintas áreas de los Servicios de Salud.

El citado juicio de amparo fue presentado por Águeda Galicia Jiménez en su carácter de secretaria General del SUTSEM.

Uno de los aspectos reclamados es que no se integró una comisión mixta de escalafón –con un representante del gobierno y otro del sindicato- para analizar los perfiles de los empleados a basificar.

Aun cuando la audiencia se efectúe el 22 de diciembre, es poco probable que la resolución se conozca antes de que finalice el año.

De manera extraoficial se ha citado que el gobierno de Echevarría emitió un informe en el que precisa distintas irregularidades en numerosas bases, en especial porque numerosos beneficiados tenían mando sobre otras personas y no podían ser sindicalizados.

Igualmente, habría casos de individuos que tendrían antigüedad de pocas semanas cuando se les basificó.


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