El PRI quiere repetir lo de Edomex: hundir a Anaya, empatar a AMLO… y luego el fraude, dice Muñoz Le



Las irregularidades en el proceso electoral de la sucesión presidencial ya iniciaron y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) sigue al pie de la letra la fórmula que aplicó en el Estado de México, dijo el ex Diputado Constituyente Porfirio Muñoz Ledo.

El político acudió hoy en representación de un grupo de 30 académicos y organizaciones al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para solicitar una serie de medidas que permitan blindar la elección del 1 de julio, dijo Muñoz Ledo.

“Es parte de la operación del PRI estar atacando a [Ricardo] Anaya, como atacaron a Josefina Vázquez Mota. Están Chepinizando a Anaya. El (Juan) Zepeda de ellos es un independiente, no digo cuál. Tratan de poner un empate absurdo, porque no lo hay a nivel nacional; quieren poner a [Andrés Manuel] López Obrador y [José Antonio] Meade. Están siguiendo paso por paso lo que hicieron en el Estado de México; la diferencia es que es nacional y que no nos vamos a dejar, eso es claro”, afirmó.

Muñoz Ledo, Javier Quijano, el Embajador Jorge Eduardo Navarrete, José Agustín Pinchetti y Miguel Ángel Velázquez acudieron a una reunión de 40 minutos con Janine Otálora, Magistrada Presidenta del Tribunal para entregarle un documento con una serie de medidas que permitan “garantizar el voto de forma libre, razonada y auténtica” y evitar lo sucedido en el Estado de México y en Coahuila.



“Hay una conciencia pública, extendida en encuestas que dicen que el 70 por ciento opina que las elecciones recientes en México no han sido limpias y auténticas. La última vez que la opinión internacional reconoció elecciones limpias en México son las del 2000, la de Vicente Fox; y la anterior la de 1997 cuando ganamos la mayoría de la Cámara de Diputados. Hay dudas sobre los comicios de 2006 y sobre todo de los de 2012”, explicó.

Muñoz Ledo precisó que acordaron con la Magistrada que se conformaría un observatorio constituido por los académicos, políticos y organizaciones firmantes, para denunciar ante el Tribunal cualquier desviación u omisión del Tribunal.

Entre la medidas que solicitan investigadores como Sergio Aguayo, Lorenzo Meyer Cossío, ex consejeros electorales como Eduardo Huchim May e íconos de la izquierda mexicana como Ifigenia Martínez y Hernández está el publicar informes pormenorizados de los gastos de partidos y candidatos por parte de la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), promover acuerdos de civilidad política entre los partidos y los candidatos, sancionar severamente las campañas negras, sin menoscabo a la libertad de expresión.

Además solicitaron instalar una plataforma digital que permita monitorear en tiempo real los gastos de campaña y que se alimente de forma permanente por datos aportados por la población, es decir un Sistema Integral de Fiscalización preciso.

Los firmantes solicitaron coordinar a las autoridades electorales con el Sistema Nacional Anticorrupción y de Transparencia para fiscalizar “estrictamente el ejercicio de los recursos públicos y el uso electoral de programas sociales”, para sancionar la compra y coacción del voto.

El documento entregado a la Magistrada pide flexibilizar y transparentar el voto de los mexicanos en el extranjero, verificar de manera permanente a los OPLE e investigar el eventual conflicto de interés por los vínculos de José Antonio Meade Kuribreña, candidato del PRI-Verde-Panal y el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE. De comprobarse ese conflicto, destituir al titular.

“Considerar la cancelación del registro de cualquier partido que se ubique en los supuestos previstos en el artículo 456.1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales”, dice.

El documento alerta que las irregularides en los últimos procesos electorales se observan antes, durante y después de la jornada electoral.

“Son cometidas por una multiplicidad de actores que van más allá de los partidos políticos o los funcionarios públicos; involucran a otros entes sociales y económicos”, precisa.

Esas irregularidades incluyen transferencia de dinero de los gobiernos locales a las campañas electorales, agrega.

“Los fraudes de 2006,2012 y los abusos incalificables en los recientes comicios del Estado de México y Coahuila, son señales ominosas de lo que podría ocurrir en 2018”, dice.

Los firmantes advierten que si sus peticiones fueran desoídas acudirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Vivimos un momento particularmente dramático en la vida del país. Cumplir la ley se convierte en una empresa de grandes proporciones y ese es el llamado que hacemos”, finaliza.


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