Pedirán a Nayarit derogar decreto de tierras



Por ser un acuerdo arbitrario y desinformador, el Congreso de Jalisco solicitará a los diputados de Nayarit que deroguen oficialmente el decreto con el que pretenden apropiarse de tierras ubicadas en la localidad de San Andrés Cohamiata, en Mezquitic, en la zona limítrofe con dicho estado.

El próximo 30 de mayo las autoridades gubernamentales de Nayarit sostendrán una reunión con el Gobierno de Jalisco junto con representantes de las 12 localidades involucradas para resolver la cesión de territorio.

Salvador Caro Cabrera, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, afirmó que existe un decreto presidencial que data de 1965 en el que se señala que dichas tierras pertenecen a Jalisco.

"En el caso de Nayarit están totalmente equivocados, les faltó informarse a fondo de todo lo que ha pasado a lo largo de estos 100 años para poder dar este paso tan particular. Demuestra un poco de insensibilidad y de falta de conocimiento de lo que se debía hacer en este caso tan complejo", aseveró.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso del Estado, Verónica Jiménez Vázquez, puntualizó que el Gobierno de Jalisco y el municipio de Mezquitic se han encargado de dotar de servicios públicos y bajar recursos en beneficio de la Zona Norte.

El fin de semana pasado los diputados sostuvieron una reunión con los comisarios de las 12 localidades involucradas en la que se dio cuenta de que integrantes de las comunidades wixárikas se hicieron pasar por autoridades tradicionales sin serlo para solicitar la anexión a Nayarit.

"Hay familias, pero no tenemos la certeza porque no conocemos esa consulta, pero que solicitaron supuestamente su incorporación a Nayarit y son estas familias con el resto de la comunidad que están teniendo estas inconformidades", señaló Jiménez Vázquez.

En dicha reunión se informó por parte de las comunidades agrarias de San Andrés Cohamiata que cerca de mil 800 personas se ven afectadas con este conflicto de territorios y que la superficie en cuestión asciende a 68 mil hectáreas, aunque en un principio se había dicho que eran 30 mil.

Hasta el momento no se han registrado enfrentamientos entre las comunidades, según aseguraron los diputados, pero reconocieron que existe tensión en la zona por no saber a qué Estado pertenecen.


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