Exigen explicación de no trasladar a Gutiérrez



Un juez federal ordenó al director del Penal Estatal de Chihuahua una explicación sobre por qué obedece a un juzgado del fuero común y no a él, al mantener en dicha prisión a los tres acusados por los presuntos desvíos de 250 millones de pesos al PRI.

El juez Gerardo Moreno García, que una y otra vez ha ordenado trasladar a los procesados al Reclusorio Norte de la Ciudad de México, dio un plazo de 3 días a Juan González Aguirre para responderle y le advirtió que, de no hacerlo, le impondrá una multa de 80 mil 600 pesos.

"Requiérase al citado director para que dentro del plazo de 3 días hábiles, contados a partir de su notificación, de manera fundada y motivada exprese las razones por las cuales sí obedece la orden del juez local de Chihuahua, en el sentido de que los tres gobernados deben estar a su disposición en aquél Estado.

"En cambio no acata mi determinación de que los tres señalados, deban quedar a mi disposición en esta Ciudad de México", dice Moreno en un acuerdo fechado ayer.

Alejandro Gutiérrez, ex secretario general adjunto del CEN del PRI; Antonio Tarín García y Gerardo Villegas Madriles, ex directores de Adquisiciones y de Administración de la Secretaría de Hacienda estatal, están presos en el Centro de Reinserción Social Estatal número 1.

Moreno García, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, en esta ciudad, dice en su acuerdo que los tres acusados le han informado que están vinculados a procesos en juzgados del fuero común en Chihuahua.

Sin embargo, sostiene que no existe una imposibilidad material o jurídica para trasladar a dichos procesados al reclusorio capitalino.

"Estimo insuficiente (ese argumento), pues soy competente para conocer de la causa", afirma Moreno García.

Por ello, el juzgador de nueva cuenta dio un plazo de 24 horas a Juan Martín González para trasladar a los encausados al Reclusorio Norte, advirtiéndole que lo multará con 403 mil pesos en caso de desacatar su mandato.

La defensa de Gutiérrez, Tarín y Villegas le volvió a pedir al impartidor de justicia ordenar el uso de la fuerza pública para concretar el traslado, pero de momento no lo autorizó.

Los abogados también pidieron a Moreno García plantear la existencia de un conflicto competencial para que sea un tribunal colegiado el que resuelva en forma definitiva en cuál penal deben estar los tres procesados.

Aunque, de momento, acordó que tampoco elevará este asunto a un conflicto competencial, ya que primero deben fenecer los plazos que impuso a las partes para que respondan a su mandato.


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