Plagian a migrantes en San Fernando



Un comando bajó de un autobús a 19 migrantes en San Fernando, Tamaulipas.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió el pasado jueves 7 de marzo alrededor de las 12:55 horas en el kilómetro 79 de la carretera San Fernando-Reynosa, a la altura de Palo Blanco.

El chofer de la unidad de la línea Transpaís reportó a las autoridades ministeriales que una camioneta gris y una camioneta lobo doble cabina le cerraron el paso, mientras que otras camionetas se pararon al lado de la puerta derecha del autobús.

También declaró que los hombres armados y encapuchados seleccionaron y bajaron a los pasajeros y los subieron a sus camionetas para después tomar rumbo desconocido.

El autobús cubría la ruta Tampico-Reynosa con 41 pasajeros pero a la terminal sólo llegaron 22, quienes se retiraron de inmediato del lugar.

La unidad partió de Reynosa a las 6:25 horas del jueves y arribó a las 14:00 horas del mismo día.

El autobús con número 9596 y placas 417-HY-4 fue acordonado para su debido procesamiento en la pensión de Transpaís en la Colonia Centro de Reynosa.

Al ser cuestionado sobre el caso, un vocero del Gobierno de Tamaulipas señaló, de forma escueta, que el caso era responsabilidad la Fiscalía General de la República (FGR) y que los plagiados serían migrantes.

La versión de que las víctimas son migrantes se fortaleció luego de que fuentes policiacas aseguraron ayer que aún no hay denuncias de desapariciones, lo que apunta a que los plagiados son extranjeros.

En redes sociales, usuarios con seudónimos difundieron versiones de que los plagiados eran jóvenes de Camargo y Díaz Ordaz, que venían de jugar un partido de béisbol en San Fernando.

Pero hasta ayer domingo ningún familiar había presentado queja alguna ni en medios ni en el ministerio público. El antecedente

Un caso similar ya se registró en 2010 también en San Fernando.

Aquella ocasión células de Los Zetas secuestraron y asesinaron a 72 migrantes, entre ellos 14 mujeres, por negarse a trabajar para ellos.

Por ese hecho, el Gobierno mexicano, a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), ha tenido que indemnizar a un sobreviviente de la masacre, así como a 47 familiares de cuatro de los ejecutados.


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